Diez alcaldes de Málaga, en la lista de regidores con causas pendientes. Las investigaciones se extienden a otros cargos públicos.
Gaucín, Torrox, Estepona, Manilva y Coín están el punto de mira de los tribunales.
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DIARIO SUR;. 16 de marzo de 2009

 

El ya ex alcalde socialista de Alcaucín José Manuel Martín Alba es el último de una lista en la que figuran Jesús Gil, Marisol Yagüe o Antonio Barrientos. Actualmente, una radiografía al mapa de la provincia de Málaga revela que diez alcaldes tienen alguna causa abierta en los tribunales de justicia. Una situación que afecta a todos los partidos, a municipios grandes y pequeños, del interior o del litoral. Las causas relacionadas con el urbanismo se encuentran detrás de la mayoría de estos casos, junto a los delitos medioambientales. Seis de esos alcaldes son socialistas, tres del Partido Popular y uno de Convergencia Andaluza.


Los casos no sólo afectan a alcaldes, sino también a concejales, secretarios, y otros cargos públicos que están en el punto de mira de la justicia por decisiones o actuaciones que tomaron cuando tenían responsabilidades de gobierno. Otros se encuentran en fase de investigación.
Uno de los casos más llamativos es del Gaucín. Allí, el PP gobierna gracias al apoyo del PA, liderado por el ex alcalde andalucista Francisco Corbacho, condenado por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación. Pendiente de otros juicios junto a cinco concejales más a los que la fiscalía pide 18 meses de carcel y 10 años de inhabilitación.

 

Otro ex regidor, el socialista de Torrox, Francisco Muñoz, y líder del principal partido de la oposición en el Consistorio está imputado por prevaricación.

 

Antonio Blanco, actual portavoz de IU en Alozaina, también tiene un procedimiento por presuntos delitos urbanísticos cuando era alcalde.


En Estepona, al presidente local del PP y portavoz del grupo municipal popular, Ignacio Mena, se le imputa un presunto delito de coacciones cuando era concejal de Urbanismo, entre 2001 y 2003, por el que la Fiscalía le pide 21 meses de prisión. Mientras que en Manilva, la alcaldesa de IU, Antonia Muñoz, tiene una causa sin cerrar por, presuntamente, conceder licencias contrarias al PGOU cuando fue concejala de Urbanismo.


Por prevaricación está siendo investigada la ex alcaldesa del PP de Cártama y diputada provincial, Leonor García. Otro diputado provincial y portavoz del PSOE en Alhaurín el Grande, Cristóbal Bonilla, está imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave por construir una vivienda unifamiliar en suelo rústico sin la licencia del Ayuntamiento.


En el caso de Ronda, el alcalde andalucista Antonio Marín Lara fue denunciado por IU y la Fiscalía por prevaricación en el caso Los Merinos, pero el asunto está aún en los juzgados, aunque no ha sido imputado. Asimismo, la Fiscalía investiga al regidor de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, por la firma de dos convenios en 2005.


La semana pasada, un juzgado de Coín admitió a trámite una querella contra el alcalde, Gabriel Clavijo (PSOE), por un presunto delito de prevaricación administrativa por la paralización de las obras que las empresas querellantes tenían previsto ejecutar en la zona de 'Los Llanos de la Sierra'.