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Diez alcaldes de Málaga,
en la lista de regidores con causas pendientes. Las investigaciones
se extienden a otros cargos públicos.
Gaucín, Torrox, Estepona, Manilva y Coín
están el punto de mira de los tribunales.
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DIARIO SUR;.
16 de marzo de 2009
El ya ex alcalde socialista
de Alcaucín José Manuel Martín Alba es el último
de una lista en la que figuran Jesús Gil, Marisol Yagüe
o Antonio Barrientos. Actualmente, una radiografía al mapa
de la provincia de Málaga revela que diez alcaldes tienen
alguna causa abierta en los tribunales de justicia. Una situación
que afecta a todos los partidos, a municipios grandes y pequeños,
del interior o del litoral. Las causas relacionadas con el urbanismo
se encuentran detrás de la mayoría de estos casos,
junto a los delitos medioambientales. Seis de esos alcaldes son
socialistas, tres del Partido Popular y uno de Convergencia Andaluza.
Los
casos no sólo afectan a alcaldes, sino también a concejales,
secretarios, y otros cargos públicos que están en
el punto de mira de la justicia por decisiones o actuaciones que
tomaron cuando tenían responsabilidades de gobierno. Otros
se encuentran en fase de investigación.
 Uno
de los casos más llamativos es del Gaucín.
Allí, el PP gobierna gracias al apoyo del PA, liderado por
el ex alcalde andalucista Francisco Corbacho, condenado por un delito
continuado de malversación de caudales públicos y
otro de prevaricación. Pendiente de otros juicios junto a
cinco concejales más a los que la fiscalía pide 18
meses de carcel y 10 años de inhabilitación.
Otro
ex regidor, el socialista de Torrox, Francisco Muñoz, y líder
del principal partido de la oposición en el Consistorio está
imputado por prevaricación.
Antonio
Blanco, actual portavoz de IU en Alozaina, también tiene
un procedimiento por presuntos delitos urbanísticos cuando
era alcalde.
En Estepona, al presidente local del PP y portavoz del grupo municipal
popular, Ignacio Mena, se le imputa un presunto delito de coacciones
cuando era concejal de Urbanismo, entre 2001 y 2003, por el que
la Fiscalía le pide 21 meses de prisión. Mientras
que en Manilva, la alcaldesa de IU, Antonia Muñoz, tiene
una causa sin cerrar por, presuntamente, conceder licencias contrarias
al PGOU cuando fue concejala de Urbanismo.
Por prevaricación está siendo investigada la ex alcaldesa
del PP de Cártama y diputada provincial, Leonor García.
Otro diputado provincial y portavoz del PSOE en Alhaurín
el Grande, Cristóbal Bonilla, está imputado por un
presunto delito contra la ordenación del territorio y otro
de desobediencia grave por construir una vivienda unifamiliar en
suelo rústico sin la licencia del Ayuntamiento.
En el caso de Ronda, el alcalde andalucista Antonio Marín
Lara fue denunciado por IU y la Fiscalía por prevaricación
en el caso Los Merinos, pero el asunto está aún en
los juzgados, aunque no ha sido imputado. Asimismo, la Fiscalía
investiga al regidor de Torremolinos, Pedro Fernández Montes,
por la firma de dos convenios en 2005.
La semana pasada, un juzgado de Coín admitió a trámite
una querella contra el alcalde, Gabriel Clavijo (PSOE), por un presunto
delito de prevaricación administrativa por la paralización
de las obras que las empresas querellantes tenían previsto
ejecutar en la zona de 'Los Llanos de la Sierra'.
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