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El Tribunal Supremo ratifica
la condena contra el ex alcalde de Gaucín
El fiscal del caso reclamó en noviembre al Tribunal Supremo que confirmara la condena del andalucista por utilizar de forma privada dinero municipal, que luego devolvió. La Audiencia Provincial consideró probado que a finales de 2002 y hasta enero de 2003, Corbacho, aprovechando la ausencia por vacaciones del interventor, ordenó librar mandamientos de pago a justificar en concepto de adquisición de terrenos de gran interés municipal, de cuantías comprendidas entre 10.000 y 22.000 euros, con la emisión de los correspondientes cheques al portador y sin la firma del interventor. Mediante este sistema, Corbacho llegó a disponer de 200.000 euros, al tiempo que efectuaba reintegros parciales. El interventor, una vez conocido el desfase presupuestario, denunció la situación ante la Fiscalía. Los concejales de su grupo declararon no conocer la situación. Corbacho, que se comprometió a devolver el dinero, también fue condenado por desalojar un pleno para evitar debatir sobre la situación. El abogado defensor del ex alcalde pidió a la Sala la anulación de esta sentencia y aseguró que no se ha acreditado que haya habido un destino privado de los fondos públicos. Del mismo modo, el abogado de la acusación particular insistió en que Corbacho fue denunciado por concejales de su propio partido y de la oposición. El ex alcalde no se ha pronunciado.
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La
trama política más polémica de la comarca rondeña
parece tener fin. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado
la sentencia de la Audiencia Provincial contra ex alcalde de Gaucín,
el andalucista Francisco Corbacho, por delitos de malversación
de caudales públicos y de prevaricación. De esta forma,
la máxima autoridad judicial ha rechazado el recurso de casación
interpuesto por la defensa de Corbacho, que se enfrentará
a 21 meses de suspensión de empleo o cargo público
y nueve meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, además
de la inhabilitación especial para el empleo o cargo público
durante siete años y el pago de las costas procesales.