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El ex alcalde andalucista de
Gaucín gobierna ahora con el PP tras moción de censura
al PSOE.
El Supremo rechaza recurso del
ex alcalde malagueño por prevaricación y malversación
EL PLURAL.COM; 12 de diciembre
de 2008.
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El
Supremo ha rechazado el recurso del ex alcalde de la localidad malagueña
de Gaucín, Francisco Corbacho, contra la condena a 21 meses
de suspensión de empleo o cargo público y siete años
de inhabilitación especial impuesta por malversación
y prevaricación, ratificando así la sentencia de la
Audiencia Provincial.
Precisamente este verano, este ex alcalde andalucista y ahora concejal
imputado, apoyó junto a su grupo una moción de censura
que hizo acceder a la alcaldía al PP. desplazando a los socialistas,
gracias a una moción de censura en la que contó con
el apoyo de los cuatro ediles andalucistaa. Desde el PSOE de Málaga
se pidieron explicaciones al Partido Popular en el sentido de criticar
que gobernaran gracias a los votos de imputados.
Sueldazo
del alcalde
Se da la circunstancia que, como denunció El Plural, el
equipo de gobierno de la localidad de 1.700 habitantes, aprobó
el 28 de Noviembre, que el alcalde cobrase un sueldo de 64.719,
60 euros al año. A ello hay que añadir la contratación
de una secretaria particular y las asignaciones de los tenientes
del alcalde, lo que significa, que el consistorio dedicará
el 59% del coste de los cargos municipales a su sueldo. Además,
cuatro concejales del equipo de gobierno, están imputados
por delitos urbanísticos.
Beneficio
propio
La Sección Primera condenó a finales del pasado año
2007 a Corbacho, al considerar que dispuso para beneficio propio
de dinero del Ayuntamiento, que luego devolvió y que dijo
que era para comprar unos terrenos, y por desalojar un pleno municipal
para no debatir este asunto. En la misma resolución, le absolvió
del delito continuado de impedimento del ejercicio de los derechos
cívicos.
Desestimado el recurso
Según la sentencia del Supremo, "no ha lugar"
al recurso de casación por infracción de ley, presentado
por la defensa del ex regidor, en el que alegaba error en cuanto
a la valoración de determinadas pruebas, en cuando a la calificación
de parte de los hechos como prevaricación y respecto a la
indebida aplicación del delito de malversación.
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Gaucín, callejón sin salida
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Guardaba dinero público
en su casa
El Tribunal de casación incide en que "el más
elemental y primario raciocinio evidencia que la supuesta compra
era la excusa o justificación para ordenar el libramiento
de los mandamientos de pago". "Máxime cuando el
dinero público obtenido lo guardaba el acusado en su domicilio",
apostilla la resolución. Insiste en que la secuencia de los
hechos "pone de manifiesto con meridiana claridad que el dinero
se utilizó en gastos personales, conclusión razonabilísima
que queda robustecida con la ausencia de documento alguno del que
pudiera inferirse un destino público".
Prevaricación
Respecto al delito de prevaricación, la Sala del Supremo
asegura que "ninguna duda cabe de la actuación prevaricadora
del acusado", explicada en los hechos probados. En la sentencia
se señala que acciones como impedir el debate en el pleno
de una cuestión de "indudable gravedad", llegando
"en su desmesura" a actuar contra los concejales "con
escandalosa arbitrariedad y abuso de poder, ordenando el desalojo
por la Policía" son "irregulares, ilegales y más
que injustas, inicuas".
Libramientos de pagos
La Audiencia de Málaga consideró probado que Corbacho,
a finales de 2002, "aprovechando la ausencia por vacaciones
del secretario y a fin de disponer para sí de fondos municipales",
ordenó el libramiento de pagos a justificar en concepto de
adquisición de terrenos de gran interés municipal.
Las cuantías estaban comprendidas entre los 10.000 y los
22.000 euros.
Dispuso de 20.000 euros
Se realizó la emisión de los correspondientes cheques
contra las cuentas corrientes del Ayuntamiento, que se extendieron
al portador y "sin la firma del interventor", según
precisaba la sentencia, en la que se señala que el acusado
llegó a disponer con ese sistema de unos 200.000 euros entre
diciembre de 2002 y enero de 2003.
Denuncia del interventor
No obstante, el primer edil realizó reintegros parciales
de diversas cantidades. A finales de enero, el secretario interventor
tuvo conocimiento de esos movimientos bancarios y "ante la
ausencia de explicación alguna, denunció el desfase
presupuestario existente ante la Fiscalía" y, posteriormente,
en febrero de ese mismo año, los concejales de su grupo municipal
también denunciaron ante la Guardia Civil "el desconocimiento
que tenían de los hechos".
Devolvió
el dinero tras presiones
Tras reunirse con los concejales de su grupo y comprometerse a
devolver todo el dinero, pidió ayuda a sus familiares y amigos
"logrando reunir la suma que aún debía",
ya que ingresó ese mismo día 34.100 euros en efectivo
y dos cheques --de 36.060 euros y de 72.121 euros-- que fueron entregados
por dos personas, con la mediación de su padre
Se negó a informar
Por otro lado, los concejales de la oposición solicitaron
la celebración formal de un pleno extraordinario para que
el alcalde informara de lo sucedido, sesión que tuvo que
ser convocada por la secretaria en funciones "ante la negativa
verbal del alcalde". Luego, el primer edil dictó un
decreto denegando la entrega de parte de la documentación
y ya el día de la sesión levantó la sesión
"sin que se pudiera debatir el orden del día" y
acordó desalojar el pleno.
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