El ex alcalde andalucista de Gaucín gobierna ahora con el PP tras moción de censura al PSOE.

El Supremo rechaza recurso del ex alcalde malagueño por prevaricación y malversación
EL PLURAL.COM; 12 de diciembre de 2008. LEER ORIGINAL >>

El Supremo ha rechazado el recurso del ex alcalde de la localidad malagueña de Gaucín, Francisco Corbacho, contra la condena a 21 meses de suspensión de empleo o cargo público y siete años de inhabilitación especial impuesta por malversación y prevaricación, ratificando así la sentencia de la Audiencia Provincial.

 

Precisamente este verano, este ex alcalde andalucista y ahora concejal imputado, apoyó junto a su grupo una moción de censura que hizo acceder a la alcaldía al PP. desplazando a los socialistas, gracias a una moción de censura en la que contó con el apoyo de los cuatro ediles andalucistaa. Desde el PSOE de Málaga se pidieron explicaciones al Partido Popular en el sentido de criticar que gobernaran gracias a los votos de imputados.

 

“Sueldazo” del alcalde

Se da la circunstancia que, como denunció El Plural, el equipo de gobierno de la localidad de 1.700 habitantes, aprobó el 28 de Noviembre, que el alcalde cobrase un sueldo de 64.719, 60 euros al año. A ello hay que añadir la contratación de una secretaria particular y las asignaciones de los tenientes del alcalde, lo que significa, que el consistorio dedicará el 59% del coste de los cargos municipales a su sueldo. Además, cuatro concejales del equipo de gobierno, están imputados por delitos urbanísticos.


Beneficio propio

La Sección Primera condenó a finales del pasado año 2007 a Corbacho, al considerar que dispuso para beneficio propio de dinero del Ayuntamiento, que luego devolvió y que dijo que era para comprar unos terrenos, y por desalojar un pleno municipal para no debatir este asunto. En la misma resolución, le absolvió del delito continuado de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.

Desestimado el recurso

Según la sentencia del Supremo, "no ha lugar" al recurso de casación por infracción de ley, presentado por la defensa del ex regidor, en el que alegaba error en cuanto a la valoración de determinadas pruebas, en cuando a la calificación de parte de los hechos como prevaricación y respecto a la indebida aplicación del delito de malversación.

Gaucín, callejón sin salida

Guardaba dinero público en su casa

El Tribunal de casación incide en que "el más elemental y primario raciocinio evidencia que la supuesta compra era la excusa o justificación para ordenar el libramiento de los mandamientos de pago". "Máxime cuando el dinero público obtenido lo guardaba el acusado en su domicilio", apostilla la resolución. Insiste en que la secuencia de los hechos "pone de manifiesto con meridiana claridad que el dinero se utilizó en gastos personales, conclusión razonabilísima que queda robustecida con la ausencia de documento alguno del que pudiera inferirse un destino público".

Prevaricación

Respecto al delito de prevaricación, la Sala del Supremo asegura que "ninguna duda cabe de la actuación prevaricadora del acusado", explicada en los hechos probados. En la sentencia se señala que acciones como impedir el debate en el pleno de una cuestión de "indudable gravedad", llegando "en su desmesura" a actuar contra los concejales "con escandalosa arbitrariedad y abuso de poder, ordenando el desalojo por la Policía" son "irregulares, ilegales y más que injustas, inicuas".

 

Libramientos de pagos

La Audiencia de Málaga consideró probado que Corbacho, a finales de 2002, "aprovechando la ausencia por vacaciones del secretario y a fin de disponer para sí de fondos municipales", ordenó el libramiento de pagos a justificar en concepto de adquisición de terrenos de gran interés municipal. Las cuantías estaban comprendidas entre los 10.000 y los 22.000 euros.

Dispuso de 20.000 euros

Se realizó la emisión de los correspondientes cheques contra las cuentas corrientes del Ayuntamiento, que se extendieron al portador y "sin la firma del interventor", según precisaba la sentencia, en la que se señala que el acusado llegó a disponer con ese sistema de unos 200.000 euros entre diciembre de 2002 y enero de 2003.

Denuncia del interventor

No obstante, el primer edil realizó reintegros parciales de diversas cantidades. A finales de enero, el secretario interventor tuvo conocimiento de esos movimientos bancarios y "ante la ausencia de explicación alguna, denunció el desfase presupuestario existente ante la Fiscalía" y, posteriormente, en febrero de ese mismo año, los concejales de su grupo municipal también denunciaron ante la Guardia Civil "el desconocimiento que tenían de los hechos".

Devolvió el dinero tras presiones

Tras reunirse con los concejales de su grupo y comprometerse a devolver todo el dinero, pidió ayuda a sus familiares y amigos "logrando reunir la suma que aún debía", ya que ingresó ese mismo día 34.100 euros en efectivo y dos cheques --de 36.060 euros y de 72.121 euros-- que fueron entregados por dos personas, con la mediación de su padre

Se negó a informar

Por otro lado, los concejales de la oposición solicitaron la celebración formal de un pleno extraordinario para que el alcalde informara de lo sucedido, sesión que tuvo que ser convocada por la secretaria en funciones "ante la negativa verbal del alcalde". Luego, el primer edil dictó un decreto denegando la entrega de parte de la documentación y ya el día de la sesión levantó la sesión "sin que se pudiera debatir el orden del día" y acordó desalojar el pleno.