ENTREVISTA | Fernando Bentabol. Fiscal de Medio Ambiente. «La Axarquía y el Guadalhorce son los puntos negros del urbanismo»

La Opinión de Málaga. 15 de JULIO 2007

Bentabol reconoce que el área está desbordada de trabajo y no cree mala idea que se plantee la posibilidad de que llegue un nuevo fiscal a la misma, con lo que serían tres. Su experiencia acusadora será útil para una de las especialidades estrella del ministerio público en Málaga.

Precisa que el 80% de los asuntos que maneja la Fiscalía de Medio Ambiente está relacionado con la construcción desmesurada. Se queja de la imprecisión de la norma urbanística y pide más medios para que la Guardia Civil pueda investigar más y mejor .


Fernando Bentabol sustituye en estos días a Juan Calvo Rubio al frente de la Fiscalía de Medio Ambiente y, entre sus principales atribuciones, se encuentran la de la defensa del territorio frente al urbanismo salvaje, la protección de la naturaleza y la conservación del patrimonio histórico frente a los expoliadores. En esta entrevista, desgrana la acción del ministerio público en este área de vital importancia en los tiempos que corren.

 

En la última memoria de la Fiscalía quedó claro que uno de los temas que más denuncias suscitaba era el urbanismo...
Lo que sí vienen son más denuncias de todos los organismos oficiales, especialmente a través del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y, por supuesto, de las gerencias de urbanismo y de la Junta. Evidentemente hay un aumento, porque parece que la gente se ha enterado de que hay una Fiscalía especial que está investigando estos temas. Tanto la Guardia Civil como los funcionarios de vigilancia de la Junta de Andalucía están constantemente haciendo investigaciones en zonas rurales, que es de donde llegan la mayoría de denuncias de casas ilegales, de autoconstrucción, etcétera...


-¿Cuál es el caso más típico?
-El del individuo que se construye o se hace construir una casa en un terrenito que tiene en zona no urbanizable, en suelo rústico. Lo que pasa es que ahí hay que distinguir a la gente que simplemente se hace una casa para ella, que, por supuesto, tan delito es como el otro caso, sobre todo en la zona de la Axarquía, que está muy de moda. Allí hay gente que está construyendo en terreno rústico para vender las casas a los extranjeros como legítimas. En muchas ocasiones, también existe una cierta aquiescencia de algunos municipios.
-¿Cuántos casos de urbanismo maneja actualmente la Fiscalía?
-Cerca del 80% de los asuntos es de urbanismo. De patrimonio y medio ambiente, son mínimos. Este año hemos incoado 830 diligencias informativas, lo que supone un buen ritmo. Lógicamente, de esas diligencias, una vez que se incoan y se investigan, una gran parte acaba en archivo directo al no haber infracción penal.
-¿Es la ley lo suficientemente dura con los delitos contra la ordenación del territorio?
- El problema de la ley no es de dureza, sino de imprecisión. Estamos hablando de normas penales en blanco, donde sólo se establece un tipo genérico y que se remiten a normas administrativas. El problema es que si esas normas no son más estrictas y más estables evidentemente la persecución penal de estos hechos es muy ligera.
-Como en el caso de Marbella, donde siempre se ha discutido si los delitos cometidos eran prevaricación administrativa o contra la ordenación del territorio...
-Claro. Son dos casos que van unidos en la mayor parte de las ocasiones. El problema es la prueba, pero es muy llamativo que haya ayuntamientos en la costa, y no hablamos de Marbella, también en el interior, donde casualmente tú ves la zona rural y no hay que entrar muy lejos para observar que partes que antes acogían cultivos de olivar ahora cuentan con cientos de casas diseminadas, ante lo que un ayuntamiento no puede decir que ignora la situación. Si bien no podemos demostrar a priori que ahí lo que hay es una actuación en la que el Consistorio actúa permisivamente, sí existe una omisión en el control de la zona.
-¿No plantean determinados municipios crecimientos muy exagerados?
-Exageradísimos. El problema es el despoblado. Es lógico que cualquier pueblo quiera desarrollarse, siempre con un equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad, es decir, que haya proporción entre los recursos hídricos, económicos y de servicios municipales que permitan que esas casas no causen un deterioro al medio ambiente. Tolox, por ejemplo, tiene 300 y pico viviendas y se quieren hacer 2.000 nuevas, lo que es desproporcionado y hay que intervenir. Ahora, que un municipio quiera crecer es lógico, el problema que tenemos es que el ámbito rural está siendo invadido por construcciones que carecen de las mínimas infraestructuras de saneamiento y que aprovechan recursos hídricos que a lo mejor tenían otra finalidad.
-¿No ha habido hasta hace pocos años cierta permisividad hacia estos delitos?
-Sí, había una sensación de impunidad, una sensación que sigue existiendo. De hecho, algunos, cuando se encuentran con un procedimiento penal, lo primero que te alegan es que a su alrededor hay mucha gente que hace lo mismo. Esto se ha desbocado. Antes eran hechos aislados.
-¿Cuáles son los puntos negros del urbanismo provincial?
-Las peores zonas que yo veo son el valle del Guadalhorce y la Axarquía, con muchísima diferencia respecto al resto. Y quizás hoy es la Axarquía la que está peor. Sólo hay que entrar por la carretera que va hacia Casa Bermeja para ver que en esos montes sólo hay puntitos blancos. Además es una zona protegida, en la que municipios como Gaucín o Canillas y otros están muy cerca de la Sierra de Almijara, y aún así se siguen haciendo casas. Sobre todo para vender a extranjeros.
-¿No suele ser efectiva la respuesta del ayuntamiento a estas situaciones?
-Hay ayuntamientos que son más ágiles y que trabajan más en estos temas, y otros que dan más largas al asunto. Los municipios más pequeños en general están actuando con menos prontitud, entre otros casos porque carecen de medios humanos. Afortunadamente, la Guardia Civil a través del Seprona está haciendo una labor muy importante, a pesar de que tiene la misma falta de medios que los demás.
-¿Qué necesitaría la Fiscalía para dar una respuesta más eficaz a estos delitos?
-Necesitaríamos un aumento considerable de funcionarios y que haya una policía rural con muchos más efectivos de los que tiene hoy en día. El Seprona está totalmente desbordado, porque creo que están trabajando seis o siete personas para la provincia entera. La Guardia Civil no sólo informa a la Fiscalía de cómo van los procedimientos que tramitamos, sino también a su vez están investigando para descubrir nuevos casos que nos comunican.
-¿En qué punto está el procedimiento contra el alcalde de Tolox?
-Está en los juzgados de Coín y a punto de terminar la instrucción. Se amplió la denuncia porque allí hay 300 viviendas y se van a hacer 2.000 y pico nuevas, o sea cinco veces más. El alcalde está imputado por prevaricación urbanística.
-¿Qué otros alcaldes están bajo la lupa de la Fiscalía?
-El problema es que hay muchos casos en los que no es la Fiscalía la que promueve las actuaciones, sino que son denuncias de las propias corporaciones. Además de Tolox, hay alguna actuación por la zona de la Viñuela.
-¿En que punto está el asunto del complejo de `Los Merinos´, en Ronda?
-El problema es que estamos aún recabando documentación y no hay una actuación directa. Todavía esperamos muchos informes de la Cuenca Mediterránea y de la Junta de Andalucía para comprobar la veracidad de lo que se está denunciando.
-¿Es cierto que hay muchas más causas de las que se conocen instruyéndose en Marbella contra el alcalde Julián Muñoz y otros ex ediles?
-Cada vez que ha habido un convenio urbanístico ilegal se ha incoado un procedimiento para poder juzgarlos por separado, porque si los llevamos juntos nunca íbamos a acabar de instruirlos.
-¿No ha respondido demasiado tarde la Justicia a estos delitos en Marbella?
-El problema es que nosotros en principio no tenemos por qué tener noticias de ellos. Si tenemos un ayuntamiento que, entre comillas, hace las cosas como hay que hacerlas; si hay una comisión que da una licencia, y los constructores edifican conforme a ellas... Mientras no tengamos a nadie que nos pueda aportar el dato de que ahí se están haciendo actas falsas por el secretario, de que se manipulan informes de arquitectos, no se puede actuar. Eso te puede llegar únicamente por una persona de dentro, igual que pasó con el asunto de Roca. Hasta que no han puesto en nuestras manos los papeles para trabajar sobre ello no hemos podido actuar.
-¿Se respetaría más la norma si se decretasen más demoliciones?
-Mientras no haya terceros afectados de buena fe, se respetarían las normas.
-¿Es habitual que las sentencias las recojan?
-Se piden siempre, pero en las condenas no se suelen ver muchas. La Fiscalía suele pedirlas, sobre todo en el tipo de caso del que hablamos: las autoconstrucciones. El problema que nos encontramos siempre es el tema de los terceros de buena fe. En el tema de Marbella las demoliciones son complicadas por eso, ha habido construcciones inscritas en el registro, se han hecho las divisiones horizontales y, por tanto, registralmente eran fincas legales y unos señores, amparados en el registro de la propiedad, han comprado. A esos señores difícilmente ahora se les pueden quitar sus bienes. Es muy complicado probar que, por ejemplo, para hacer esos edificios se hayan puesto titulares que no son o se haya simulado la venta de los pisos. Si se probara sí se podría demoler el edificio. Cuando la sentencia es condenatoria se suele acordar la demolición.
-¿Se lucha contra una política de hechos consumados en este asunto?
-Sí. Eso es lo que ha ocurrido en Marbella. Cuando se ha querido actuar, el daño estaba hecho.
-¿Cuáles son los delitos contra el patrimonio histórico más habituales?
-Ahora se están produciendo muchos expolios en los yacimientos arqueológicos de la provincia. Donde hay más problemas actualmente es en Ronda, en Acinipo. Allí entran muchas personas con los detectores de metales y se llevan todo lo que pillan.
-¿Son investigaciones novedosas?
-No es un tema que se haya estado controlando. Hasta que no se hizo la Ley de Patrimonio y se empezó a dotar a la Guardia Civil de medios para investigar, pues no se comenzaron a perseguir estos temas. Otro de los problemas más importantes que tenemos es el de las torres costeras, que son todas Bienes de Interés Cultural (BIC), protegidas por ley, y, sin embargo, hay gente que está construyendo en ellas, algunos incluso las dañan al hacer obras. Cualquier actuación que se haga contra estas torres es inmediatamente calificada como delito contra el patrimonio, un ilícito que tiene una pena de cárcel de hasta tres años, multa e inhabilitación. El problema es que hay que pillar al individuo en la faena. En Andalucía, con dos palmos que excaves te encuentras un yacimiento. Por ejemplo, también tenemos problemas con las excavaciones para hacer edificios nuevos, sobre todo en el Centro de Málaga. No hay una normativa que prevea un estudio patrimonial antes del inicio de una obra, y muchas veces la gente mete la máquina para decir "quita eso de ahí" que si no nos paralizan la obra. Y luego es difícil demostrar que se ha hecho queriendo.